Resulta indignante y perjudicial para la lucha anticorrupción, el avance de las políticas ambientales, el desarrollo sostenible y la credibilidad del modelo económico, la sospechosa insistencia del Poder Ejecutivo de eliminar –vía dos decretos de urgencia– la certificación ambiental (estudio de impacto ambiental) como requisito previo para tramitar las concesiones o permisos estatales. Estos decretos benefician puntualmente a 33 proyectos de inversión, entre los que figuran nuevas centrales hidroeléctricas. Hace apenas tres meses se presentó un proyecto de ley para tratar de eliminar este requisito para las concesiones hidroeléctricas, asunto que fue ampliamente cuestionado por diversos sectores. No salió tal ley, pero el Consejo de Ministros saca ahora de debajo de la manga estos decretos que son un grave retroceso en lo que se refiere a la política ambiental peruana y a las convenciones internacionales.
Todo esto resulta, además, una competencia desleal. A través de esos dos decretos se establece un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global. Se está consagrando un nefasto antecedente que vulnera la Constitución y resta credibilidad a las instituciones democráticas, que de paso echa sombras sobre la economía de mercado, cuya transparencia es básica para el perfeccionamiento del modelo.
La Constitución, en su artículo 118 (inc. 19), señala que los decretos de urgencia solo deben ser dictados en materia económica y financiera y no en temas regulatorios administrativos, como es el referido a las certificaciones ambientales como requisito para una concesión. Se contraviene toda lógica administrativa. ¿Qué pasará con aquellos proyectos de inversión que sí reciben la autorización estatal, pero que posteriormente –al presentar los estudios de impacto ambiental– resultan inviables y perjudiciales? ¡El mundo al revés!
Como país estamos dando un pésimo mensaje tanto hacia adentro como al resto del mundo, cada vez más sensible en el tema de la conservación y el desarrollo ambiental y socialmente responsable.
La ciudadanía, las comunidades y el empresariado responsable no pueden aceptar esta nefasta flexibilización, que nos retrotraerá al pasado y afecta las bases mismas del Estado de derecho y la economía social de mercado. Se asestaría, además, un duro golpe a la seguridad jurídica de la nación, con lo que se espantaría a inversionistas serios y de talla mundial, acostumbrados a cumplir las obligaciones ambientales y los estándares de responsabilidad social.
Esta sospechosa iniciativa es inaceptable y compete al Ejecutivo dar las explicaciones del caso. Es inaceptable que se sienten precedentes tan graves que podrían, además, ser fuente de nuevos conflictos sociales que perturben la paz social. El Gobierno tiene que ponderar las consecuencias de estos decretos y disponer su derogación, antes de que se consumen atropellos contra el medio ambiente. En último caso, compete al Congreso asumir su deber de fiscalizar y promover la desactivación de tan infelices iniciativas.
Fuente: EL COMERCIO
